Una de cada dos contrataciones públicas en el municipio de Torreón fueron adquiridas durante 2019 y 2020 a través del procedimiento de adjudicación directa, esto de acuerdo a la Plataforma Karewa Laguna que obtiene la información de los portales oficiales de transparencia.

Proveedor preseleccionado

Este procedimiento de asignación se realiza sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado por la dependencia o entidad, a diferencia, del procedimiento de licitación pública que garantiza en cierta forma la obtención de mejores condiciones de contratación.

Lineamientos

¿Entonces cuándo se debe usar la adjudicación directa? Cuando el producto, servicio u obra tienen características especiales, y que solo un contratista o proveedor en el mercado, sea capaz de ofrecer. También en casos de urgencia o de fuerza mayor, o bien que pongan en riesgo la seguridad y no pueda conocerse las condiciones de contratación de los productos o servicios.

Ahora bien, es claro que todas las compras deben ser transparentes, y no necesariamente todas ellas deben licitarse, para eso existen estos procedimientos de contratación, incluso el de invitación restringida a tres posibles contratistas, sin embargo, resulta importante comparar esta distribución por tipo de procedimiento con otros municipios.

Ejercicios de transparencia

En el caso de Ciudad Juárez y Chihuahua, donde ya se han replicado estos ejercicios de transparencia en 2020, el 31% de las contrataciones en Cd. Juárez fue por adjudicación directa, y en el caso del municipio de Chihuahua fue del 47%, mientras que como ya se mencionó, en Torreón el 50% de las contrataciones se adjudicó directo, mientras que en Gómez Palacio fue apenas el 21%, en Lerdo el 28% y Matamoros el 24%.

Identificar el riesgo de corrupción

Ahora bien, resta hacer el ejercicio de identificar el riesgo de corrupción en estos procedimientos, conocer en cuantos contratos y que tipo de proceso de compra y así estimar el monto de esa corrupción, para que a autoridad competente pueda identificar si se constituye la violación de un incumplimiento de carácter político con el fin de obtener un beneficio. La corrupción del sector público tiene altos costos económicos, políticos y sociales por eso debe combatirse eficazmente.