Ya son múltiples los señalamientos de las empresas afectadas por el COVID-19. Numerosas cámaras y organismos empresariales urgen a que se destinen apoyos e insumos para mitigar el impacto negativo de la suspensión de sus actividades, pero principalmente a evitar verse en la necesidad de despedir a su personal.

Más de 5,500 empleos perdidos

Coahuila fue la entidad que menos empleos formales generó durante 2019 en todo el país, y tan solo de febrero a marzo, perdió más de 5,500 empleos. La actividad económica más afectada ha sido la industria manufacturera y el ramo de la construcción, que son sectores que le inyectan dinamismo a las economías y sin ellas, la pérdida de más empleos es inminente.

“Política de austeridad” insuficiente

Expertos coinciden en que el Gobierno Federal ha sido insensible en diseñar políticas económicas y fiscales para sobrellevar esta crisis. Poca claridad en los anuncios y los que se han hecho resultan muy pobres, como la ya muy gastada “política de austeridad”.

En esta ocasión menciona reducción de salarios y eliminación de aguinaldos en los mandos superiores de Gobierno. Eso también impactará a más de 20,000 funcionarios y sus familias, además de eliminar algunas prestaciones como el seguro de gastos médicos.

Priorizar proyectos

Esta medida, si bien resulta popular, lo cierto es que solo representa menos del 1% de lo que el Gobierno Federal dice que necesita para enfrentar la crisis que atraviesa el país, pues se rehúsa a dejar de avanzar en proyectos prioritarios de inversión, como el Tren Maya, Refinería Dos Bocas, o el mismo Santa Lucía, que por ahora no resultan tan indispensables, y que los empleos que generarán esas obras tampoco solucionarán el déficit de empleos, que tan solo en un mes perdió 135 mil de ellos.

Impulso de obra pública y privada

La Iniciativa Privada, se encuentra entre la espada y la pared, sin ventas, con gastos fijos y compromisos de pago. Los empresarios buscan respuestas urgentes, como quizá condonar las cuotas obrero patronales y del INFONAVIT, que resultarían en dar liquidez a las empresas y resistir por más tiempo el despido de personal. Se propone también el impulso de obra pública y privada de impacto inmediato, que genere empleo en lo local y reactivar otros sectores productivos. Sin un plan de acción, y sin coordinación efectiva, el sector privado seguirá agonizante.